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lunes, 9 de enero de 2017

MI OPINION.


Un sentimiento de incertidumbre se apoderó de todas y todos nosotros al conocer la decisión de que en el primer minuto del 2017, se liberaría el precio de las gasolinas.

EL enojo, la preocupación y el descontento social ha sido la premisa de los días subsecuentes.

La preocupación se incrementa ya que a la eliminación al subsidio al precio de las gasolinas, siguió el gas y las tarifas de energía eléctrica – aunque dijeron sólo para aquellos consumos mayores residenciales e industriales- y, lamentablemente la inevitable escalada a los precios de los productos de la canasta básica, -que ya iniciaron- los incrementos al costo del transporte público, casetas de peaje, servicios y trámites.

La innegable realidad es que la decisión de liberalizar el precio de las gasolinas en el primer minuto de este año, impacta directamente en el bolsillo de las familias mexicanas.

50 millones de pobres en México (INEGI) preocupados, no sólo por el costo al que han llegado las gasolinas y sus derivados, sino por la afectación que va más allá de llenar el tanque con gasolina de un automóvil, sea de ricos o de pobres. 82 productos considerados en la canasta básica (INEGI) están teniendo ya, una escalada de sobreprecios; y todo, se tiene que asumir con un incremento al salario mínimo muy por debajo para enfrentar esta situación.

La sociedad en su conjunto exige legítimamente explicaciones puntuales por parte del gobierno. El panorama obliga a actuar para paliar todos estos impactos colaterales, por ello es urgente que el gobierno nos diga cuál es la agenda que han construido para atenuar los efectos de esta medida, aun cuando el ánimo ciudadano no sea el tratar de comprender alternativas.

Entender el proceso de lo que está pasando sin duda no es fácil para quienes no somos expertos en el tema. Nos han dicho que el 53% de las gasolinas que se consumen en México, son importadas, que su precio depende del precio del dólar y del petróleo, por lo que el desplome del peso frente al dólar, se convierte en uno de los factores que trae como consecuencia la afectación, ya que la compramos en dólares.

También hemos leído análisis, de que una alternativa es que el gobierno continuara subsidiando el precio de las gasolinas. Los expertos dicen que sería una medida regresiva, derivado de que, de los 190 millones de litros diarios de gasolina que se venden en México, el 70% es consumido por los mexicanos de mayores ingresos, lo que significa que el subsidio continuara beneficiando más a los sectores que más ingresos tienen. Por lo que señalan, que el impuesto de las gasolinas no es un mal impuesto, ya que lo pagan quienes deben pagarlo, lo más ricos de la población.

Los expertos también han señalado que el origen de la liberalización es un tema de carácter fiscal que solventará graves errores del pasado en PEMEX y que al país le urge que lleguen inversiones para ductos, refinerías terminales de almacenamiento, entre otros, que fue parte de la tan mencionada hoy, reforma energética.

Razones seguramente válidas, para quienes llevan las riendas de la economía en el país; pero poco comprendidas por la sociedad en su conjunto, incluso mencionado así, hasta podría medianamente entenderse el mensaje de “que es una medida dolorosa pero necesaria.” Pero el ánimo ciudadano no está para tratar de comprender.

Conclusión. Nos queda claro que había que enfrentar esta problemática y que era necesario tomar esta decisión. Sin embargo, tenemos que considerar soluciones a las afectaciones colaterales, porque millones de mexicanos las estaremos padeciendo en perjuicio del bienestar de nuestras familias y esa parte le toca al gobierno.

Si bien para un problema complejo -como este- no caben soluciones simplistas o demagógicas; podemos ayudarnos de opiniones de los expertos que han comentado: “de no haber liberalizado el precio de las gasolinas, hubiera implicado un costo de 200 mil millones de pesos al erario que sólo se podría cubrir, (el gobierno) con mayor déficit o mayor deuda, mayores impuestos, o un ajuste en el gasto”

Por supuesto sobre endeudar más al país o aprobar mayores impuestos, por lógica elemental no es solución. Sí creo que podría empezarse con el ajuste en el gasto. Un ajuste integral y transversal.

“Manos a la obra” para ajustar el presupuesto de egresos de la federación que entró en vigencia para este año, para reducir sustancialmente el gasto público de los tres Poderes del estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero también el de todos los estados de la República, así como de los organismos autónomos y descentralizados.

Fin a los privilegios, rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos de todas las acciones, de los tres niveles del Poder público. Perseguir hasta combatir realmente los casos de corrupción.

Y como requerimos certidumbre en las acciones a implementar para enfrentar esta problemática, que nos clarifiquen: Cómo y en qué se aplicará, el recurso que proviene de ese impuesto Especial sobre productos y servicios (IEPS) de las gasolinas, se habla de que alcanzará 200 mil millones de pesos. Cuáles serán las medidas de austeridad del poder público, -que no sólo deben consistir en la reducción de sueldos- y puntualmente en qué se van a aplicar esos ahorros; porque liberar el mercado implica en adelante, fluctuaciones a la alza o a la baja. Necesitamos saber ¿Cuáles serán las medidas adicionales que se asumirán para estabilizar y fijar precios topes a los productos de la canasta básica, de productos y servicios, de manera que esas fluctuaciones no los impacten?

Pasar a acciones contundentes para erradicar con la fuerza del estado, la ordeña de ductos de PEMEX por parte de lo que es ya, -en Puebla y a nivel nacional- una delincuencia organizada que está poniendo en riesgo a la ciudadanía, y para detener de una buena vez, todos los abusos que se dan con la alteración de los equipos en algunas gasolineras para robar a los consumidores.

En suma, adoptar medidas regulatorias desde ahora, para no agravar más la situación derivado de los movimientos que iremos teniendo en los precios de las gasolinas por las condiciones que vaya presentando el mercado en el futuro.

Me han preguntado que si la decisión de liberalizar el precio de las gasolinas traerá un costo político para mi partido político ¡por supuesto, que lo habrá! Y no sólo para el PRI, también para todos los partidos políticos. La realidad es que esa severa crisis de confianza y credibilidad en las instituciones públicas, pasa también por los partidos políticos.

Y mi partido político (PRI) no debe estar ausente. Mi partido no debe desdeñar el enojo ciudadano. Escuchar los reclamos ciudadanos y responder a sus preocupaciones y necesidades debe ser nuestra premisa. Me parece por ello, que es el momento de revisar también los recursos públicos asignados a los partidos políticos, pensar en su reducción y poner fin a privilegios.

Tenemos que asumir también nuestra responsabilidad en esta problemática, siendo el conducto para impulsar todas las medidas que reduzcan los impactos en beneficio de las mayorías, abanderando sus causas y coadyuvando con nuestro gobierno, a encontrar soluciones para apoyar la economía familiar y erradicar ese sentimiento de agobio no solo por la economía, también por la inseguridad, tanto en nuestra integridad física, como en la patrimonial.

Lograrlo requiere necesariamente de la participación de todos y todas.
La sociedad en su conjunto tiene el derecho de enfrentar con sentido autocrítico, sí. Pero debemos aprender a distinguir entre el derecho a la manifestación y las inconformidades -que no está a discusión- con los actos delictivos que ponen en riesgo la paz pública y a los manifestantes que legítimamente expresan sus inconformidades, para no caer en su juego.

Nos urge que haya una mayor inversión en el país, tanto externa como interna que genere empleos, pero como pretendemos lograrlo en un ambiente de inestabilidad que proyecta desconfianza a los inversores internos y externos.

Discutamos soluciones, provoquemos acuerdos sociales y políticos, hagamos conciencia por encima de este escenario adverso. Menos palabras y más acciones para recomponer el camino.
Pero esta es sólo mi opinión.

Palabra de Mujer Atlixco
@rgolmedo
rociogarciaolmedo.blogspot.mx



lunes, 12 de diciembre de 2016

DEFENDER HOY LOS DERECHOS DE LOS DEMAS.


En Puebla en los últimos años, hemos escuchado con más frecuencia dos palabras que encierran conceptos que debemos tener muy presentes: Derechos Humanos.
Hace unos días -el pasado 10 de diciembre- se conmemoró el día mundial de los Derechos Humanos, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) justamente para proteger la dignidad humana de todas las personas.
Si bien ello incluye acciones que pasan por nuestro entorno personal, desde nuestras familias: derecho al nombre de nuestros hijos e hijas, vivienda, salud, educación, respeto, tolerancia y armonía. Por uno o una misma: conociéndolos, para que cuando se vean afectados, denunciemos; también toca a las autoridades, eje de la más alta importancia en la garantía, protección y aplicación de nuestros derechos.
Hacerlos valer implica que debemos saber que tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de expresión, al acceso a la justicia, a la vivienda, a la educación, a la cultura. Que tienen derechos específicos y diferenciados las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, entre otros, pero todos estos derechos, buscan alcanzar y asegurar condiciones de vida más dignas.
Y lo refiero porque pareciera que en Puebla cada día se hacen más evidentes, diversas formas de violación a los derechos humanos.
Impunidad y corrupción, nula administración de justicia para todas y todos aquellos que se acercan a solicitar la protección, la garantía y la defensa de sus derechos humanos y no tienen acceso a la justicia.
Un ejercicio excesivo del poder del Estado, que ha convertido a las Instituciones del Estado tan solo en oficinas de despacho del Ejecutivo, incluso no solo las del propio Poder Ejecutivo estatal, también del Legislativo y Judicial del estado de Puebla.
Exclusión de los beneficios del desarrollo, desigualdad y pobreza en aquellos municipios pequeños y zonas alrededor de la ciudad capital de nuestro Estado, que tienen todas las necesidades y nulas respuestas del propio estado poblano; lugares, que no reflejan el aparente desarrollo “en condiciones de igualdad” que presenta tan solo una zona específica de la Puebla capital.
Inseguridad y violencias, aun cuando existen importantes avances normativos y herramientas legislativas, pero que en Puebla no se percibe su materialización.
Por eso el llamado para esta conmemoración del 2016 del Día Mundial de los Derechos Humanos es “Defiende hoy los derechos de los demás” lo que implica hacer visible las violaciones y discriminación de que somos objeto todas y todos, y, tomar una posición para defenderlos.
Palabra de Mujer Atlixco
@rgolmedo

rociogarciaolmedo.blogspot.com

lunes, 5 de diciembre de 2016

PRIMER ANÁLISIS. GOBIERNO DE COALICIÓN EN PUEBLA.


El Ejecutivo del estado de Puebla, ha enviado al Congreso local, dos Iniciativas de ley: la primera que reforma la Constitución poblana para incluir una figura denominada Gobiernos de Coalición y proponer una segunda vuelta; y la segunda para crear una Ley que establece las bases de organización del gobierno de coalición del estado de Puebla.
Innovadoras para el estado de Puebla, sí. Inmersas en un halo tramposo de demócrata, estadista y una supuesta preocupación por la gobernabilidad, me parece que también.
Sin embargo, en un primer estudio de las mismas, encuentro que en relación a la primera reforma mencionada -la inclusión de gobiernos de coalición en el artículo 71 de nuestra Constitución- no hay una vigencia para poder establecer esta figura, derivado de que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), referente obligado, de la que surgen las disposiciones para los estados de la República, ha dispuesto como una facultad y obligación del Presidente de la República en su artículo 89, la posibilidad de “optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión (…) el cual se regulará por el convenio y los programas respectivos que deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Que establecerá -también- las causas de disolución del gobierno de coalición” si bien, estas facultades y obligaciones previstas, están aprobadas, resulta que entrarán en vigor hasta el 1 de diciembre del 2018, tal y como quedó establecido en los artículos Transitorios del Decreto de fecha 10 de Febrero del 2014.
Ahora bien, el siguiente párrafo de esta misma Iniciativa, plantea porcentajes para poder establecer gobiernos de coalición; considero que se violenta diversas disposiciones: el artículo 41 de nuestra Constitución General de la República, así como, el 7 numeral 2 y el 12 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), ya que desde nuestro punto de vista, implica la transferencia de votos, que está prohibida constitucionalmente desde la reforma de noviembre del 2007.
Justamente para evitarlo, todos los partidos políticos -aún coaligados- aparecen de manera independiente en las boletas electorales con sus logotipos, con el propósito de evitar la transferencia o distribución de votación, mediante convenios de coalición.
Lo planteado en la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, tramposamente, coloca el momento para convenir gobierno de coalición, casualmente justo cuando quien haya obtenido menos del 42% de la votación efectiva, con aquel que haya obtenido el segundo lugar con una diferencia menor del 5% de la votación efectiva; momento, en el que señala, quedan en aptitud para celebrar convenio de coalición; de lo que podemos inferir, que aquellos candidatos o candidatas que hayan quedado rezagados, pueden transferir la votación efectiva que hayan obtenido a favor de quien haya obtenido el primer lugar, obteniendo con ello el porcentaje requerido para ser gobernador electo, vulnerando así, el principio universal de que el voto es intransferible y violentando el acto de voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, que decidieran con su voto, favorecer a la persona -candidato o candidata- o al partido político, incluso para establecer un gobierno de coalición y que sea destinado a alguien distinto a su preferencia o apoyo.
Por lo que respecta al muy corto párrafo presentado en la Iniciativa del Ejecutivo estatal, en el que señala “De no actualizarse alguna de estas opciones, habrá una segunda vuelta entre el primer y segundo lugares”, es importante señalar que esta figura -segunda vuelta- no está mencionada en ninguna normativa general, ni en la Constitución General de la República (CPEUM).
Desde mi punto de vista rompe con el Principio de Mayoría Relativa establecido, tanto en la Constitución General de la República, como en las Leyes Generales en la materia (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos) artículos 39, 40, 41, 116, 122; ya que si bien pudiera suponerse que esta facultad, al no estar mencionada, está reservada como facultad de los Congresos locales, como sucede con las candidaturas comunes, -reservadas para ser aprobadas por las legislaturas locales en base al principio soberano que tienen los estados de la República-; también, no podemos olvidar que la reforma del 2014, habla de que en nuestro país hay un Sistema Nacional Electoral.
Muchas dudas razonables todavía. Continuar haciendo un estudio profundo de estas Iniciativas del Ejecutivo del estado de Puebla, es obligación de todos los partidos políticos, de la academia, de todas y todos los especialistas y estudiosos de la materia en Puebla.

Palabra de Mujer Atlixco
@rgolmedo
rociogarciaolmedo.blogspot.com