Que sea por Puebla.

Arrancan las campañas políticas en el estado de Puebla, y sin duda, la de gobernador del estado se ha colocado en el primer lugar de importancia de las que se llevarán a cabo en el país.

Y esto tiene que ver justamente con el contexto que hemos vivido en el estado de Puebla. Todavía muy presente el proceso electoral del año pasado que transcurrió en un ambiente muy polarizado, de descalificaciones, violencia, quejas, impugnaciones durante y después, recuento de votación, resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En todo ese tiempo, un clima de tensión en ningún momento disminuyendo, al contrario, siempre en aumento. Como olvidar los ataques sistemáticos de los unos y de los otros, que desde la tribuna del Congreso se escuchaban. Luego, un gobierno de diez días y la tragedia del 24 de diciembre.

Hoy, el contexto es absolutamente diferente, empezando por la conformación de las coaliciones de partidos que hoy respaldan a los tres candidatos postulados que han iniciado sus campañas políticas que durarán sesenta días; hasta el cambio radical que han venido presentando muchos de los actores políticos que actuaron en el proceso anterior.

Por encima de todo ello, rescato algo que me parece de la mayor importancia. Los partidos políticos que actuamos en el Congreso del Estado poblano, no nos equivocamos en solicitar que fuese el Instituto Nacional Electoral (INE) quien condujera esta elección extraordinaria.

Lo refiero porque ha sido documentado que en todas las Juntas Distritales, en todos los CAEs, la respuesta ciudadana ha sido excelente. Los números son muy positivos y en capacitación, los mejores de la historia, con sólo un índice de rechazo ciudadano del 5%. Los otros 5 estados de la República que también tienen elecciones están presentando un rechazo del 15%.

Ello demuestra que esa crispación política vivida, se ha convertido en confianza hacia la autoridad federal electoral (INE), que asumió de manera total la responsabilidad de este proceso electoral extraordinario.

Demuestra también, que la ciudadanía está participando con entusiasmo en su construcción. En la reciente visita del Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova a Puebla, se conoció que 106 mil personas han sido capacitadas, contra las 83 mil que apenas se tenían en el mismo período el año anterior.

Por eso creo, que este proceso electoral puede convertirse en el “parte aguas” que separe esa terrible etapa de crisis política que se convirtió también en social y económica en Puebla del año anterior; para transitar hacia una nueva historia para Puebla.

Bien se ha señalado. Hay elecciones cuyos resultados cambian el rumbo de la historia, hoy, los candidatos y sus respectivos partidos que los postulan tienen esa gran oportunidad para recuperar nuestra estabilidad política, social y económica.

Que sea por el bien de Puebla.

rociog@prodigy.net.mx

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El Congreso ante el Proceso Electoral.

Concluyó el segundo período ordinario de Sesiones del Congreso de Puebla. Del quince de enero al quince de marzo, período de su duración, diputadas y diputados del grupo legislativo del PRI, presentamos diez Iniciativas de reformas a diversa normativa estatal y seis Puntos de Acuerdo, que fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen a Comisiones Generales.

Lo anterior, sin descuidar el trabajo de gestión que realiza cada uno/a, que se acentúa durante los períodos de receso, que en esta ocasión coincidirá (16 marzo al 31 mayo) con el período de campañas políticas en el estado.

Marca el calendario electoral, que del treinta y uno de marzo al veintinueve de mayo viviremos en Puebla la campaña política para elegir gobernador del estado y Presidencias Municipales de cinco municipios que repetirán elección.

La historia política reciente de Puebla justamente obliga, a hacer algunas reflexiones, que

permitan visibilizar la importancia de establecer una ruta de trabajo al interior del Congreso del Estado, en la que la mesura junto con la ética de la responsabilidad y de la convicción, así como el respeto, deban convertirse en Principios de nuestra actuación, que todas y todos los diputados debamos atender.

Lo comento, porque hemos sido testigos/as que el proceso de selección de la candidatura

para gobernador del Estado fundamentalmente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) -partido que formó la Coalición “Juntos Haremos Historia” y obtuvo en 2018, mayoría de miembros en el Congreso del Estado- derivó, una serie de declaraciones desafortunadas, denostando a sus propios miembros, desenmascarando las diferencias internas, que han trascendido, no solo a la opinión pública sino lamentablemente también, y una vez más, al interior del Congreso del Estado.

Estos desencuentros no solo provocan las descalificaciones de todo tipo que desde la tribuna hoy en las sesiones de Comisión Permanente hacen algunos actores políticos; peor aún, todo ello sumado, puede retrasar los trabajos en las Comisiones Generales donde está pendiente una larga lista de Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Exhortos que no han sido dictaminadas, tan solo del PRI son en total 33 Iniciativas de reformas y 16 Exhortos que se han acumulado.

Por ello justamente la convocatoria a la resolución pacífica de sus conflictos internos atendiendo a los comportamientos y a los hechos y no a la retórica y aquí podría

mencionar una de las tesis de Crick para quien no quedaba ninguna duda “que el camino o

la perspectiva desde la cual las sociedades civilizadas han decidido plantearse los problemas es el que privilegia la política y refuta la violencia” (Crick, Bernard, En Defensa de la Política, 2001).

En el Congreso del Estado estamos obligados a contribuir a la estabilidad del Estado de Puebla, mediante el diálogo y el acuerdo político, haciendo uso de la política, esperamos que este período de receso en el Congreso del Estado sirva para construir juntos las nuevas alternativas y estructurar las nuevas condiciones que en 2019 tenemos.

rociog@prodigy.net.mx

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ASI COMO…

… el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha convocado, accionado e impulsado en sus primeros cien días de gobierno el desmantelamiento de un sistema que considera ha sido un régimen corrupto, con un alto grado de impunidad y lo ha hecho denunciando, descalificando y hasta trastocando instituciones todos los días; así las mujeres de muchas generaciones nos hemos dado a la tarea de desmantelar un sistema que nos violenta, nos niega derechos, nos discrimina salarialmente, nos mata.

Tareas nada sencillas. A nosotras y a muchas otras, nos ha ocupado décadas en ello y todavía mucho que hacer. Al Presidente López Obrador le ha ocupado ya, cien días de su gobierno en su lucha por desmantelar ese “modelo neoliberal” -como lo menciona-. Ni lo uno ni lo otro es fácil, pero las unas y el otro insistiremos siempre para lograrlo.

Esta nuestra lucha eterna y la diversidad de sus movilizaciones, no se ha gestado sola. Bien se ha dicho, es producto de una acumulación de hechos, ya que “el feminismo es un movimiento con una potencia histórica” (Karon Claudia, 2018) que nadie puede negar; y todas, durante todo este tiempo y desde la diversidad de nuestras actuaciones, nos allegamos a todo aquello que nos permita continuar dando voz o a hacer visible los todavía muchos pendientes que de esa construcción estructural “cargamos” las mujeres.

Por ello convocamos al Primer Parlamento de Mujeres en el Congreso Poblano, escuchamos propuestas interesantísimas, faltantes en la norma y faltantes en la política pública, cuarenta y un mujeres propusieron, cuarenta y un mujeres votaron esas propuestas y la representación legislativa como la de gobierno presentes, nos abocaremos a dar el siguiente paso para atender cada una de ellas. Publicaremos una memoria de este hecho histórico vivido. Por eso convocaremos también a escuchar desde la visión masculina cómo ellos enfrentan su responsabilidad en la construcción de la agenda de igualdad sustantiva o cómo previenen sus violencias que nos matan.

Dentro de la inmensidad de enfoques desde los cuales se puede abordar el análisis sobre los primeros cien días de gobierno del Presidente López Obrador, está justamente nuestro movimiento de mujeres, así como él define a su gobierno, como un movimiento. Nuestro movimiento ha conquistado derechos sin violencia, ha sido un movimiento pacífico pero también profundo y radical como el suyo. 

Él pretende erradicar un modelo, que también hace perder a las mujeres derechos conquistados, que también nos ha hecho más pobres, que también nos ha hecho víctimas de una diversidad de violencias que hoy se ejercen en nuestro contra, todo, al alza y todo absolutamente inaceptable. Él dijo que “la lucha de las mujeres es la lucha de los hombres” y pretende ser transformador de conciencias, nosotras, queremos también la erradicación del modelo patriarcal.

Esta era de la “cuarta trasformación” definida así por el propio presidente como una revolución, tiene como símil al movimiento de mujeres, que es y ha sido también una revolución. Queremos transformar también a nuestro país contra la corrupción y la impunidad porque nos violenta, queremos combatir la falta de acceso a servicios de educación, salud y justicia, porque la padecemos, queremos transformar actitudes y conciencias para vencer obstáculos, queremos autoridades y hombres aliados en los cargos de toma de decisión porque tenemos derecho a una vida libre de violencia a la seguridad, a la integridad, a la paz, a educación y a salud.

En estos primeros cien días de este gobierno, el presidente ha recorrido nuevamente el país, hemos percibido su estilo en la conducción, hemos sido testigos/as de decisiones polémicas, muchas veces contradictorias entre sí, y justamente las fechas -cien días de gobierno y 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres- sirven para hacer un alto en el camino, hacer balances, reconocer aciertos y también errores.

De manera que así como el Presidente quiere transformar al país, desmantelando el “modelo neoliberal.” Las mujeres queremos transformar la vida de las mujeres y las niñas, desmantelando un modelo que nos violenta, nos niega derechos, nos discrimina salarialmente, nos mata.

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Descalificaciones y Desigualdades

Las desigualdades entre hombres y mujeres y el impacto que estas tienen en la vida de las personas, ha llevado a construir una serie de herramientas conceptuales que han permitido hacerlo visible con un solo propósito, atenderlo y construir los mecanismos que permitan una nueva forma de relación entre seres humanos.

Género es una construcción que no significa “mujer”, tampoco alude al “feminismo” se refiere justo a mostrar esas relaciones desiguales entre mujeres y hombres, mediante un enfoque: el de la Perspectiva de Género (PEG), es decir lo que muchas hemos escuchado o mencionado, se trata de “ponernos los lentes de género” y desde ahí mirar con claridad que “la vida de las mujeres y la de los hombres puede modificarse en la medida es que no está “naturalmente” determinada y justamente pueda entablar nuevas formas de relacionarnos.”

Ello nos ha servido para impulsar el diseño de políticas públicas para prevenir y atender aquellos obstáculos que han impedido el cabal desarrollo de las mujeres y con ello detenido la garantía y la protección de sus derechos.

Así, fue iniciado el proceso de construcción. Una vez que fue evidenciada la problemática, poco a poco se fueron institucionalizando los programas y atendidos por las instituciones de todos los niveles de gobierno y por asociaciones de la sociedad civil que han coadyuvado en la atención de las causas que conlleva esas desigualdades.

Pienso justamente en la instauración de las estancias infantiles que permiten a las mujeres dejar a sus hijos e hijas en lugares seguros para su cuidado, atendiendo con ello las observaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tienen que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, para disminuir algunos de los tipos de violencias en su contra. El Estado no puede atender en su totalidad esta necesidad, así que ha implementado una serie de acciones que permiten que la sociedad civil organizada proporcione esta atención, con ello además, amplía beneficios a otras familias que son contratadas para complementar la atención en las estancias infantiles.

Pienso también en los refugios para mujeres, que son lugares a donde llegan mujeres huyendo de una violencia extrema, golpeadas, heridas, amenazadas, angustiadas, con graves problemas psicológicos, todas un paso antes de que sean asesinadas. Mujeres que no huyen solo de su pareja, muchas veces de su padre, de su violador, de quien la prostituyó. En casi todos los casos llevan consigo a sus hijos e hijas.

Estos refugios fueron creados justamente por la falta de credibilidad en las instituciones, en las que a veces se les re victimiza y en donde no encuentran las condiciones para que se les atienda, aquí también organizaciones de la sociedad civil se han encargado de esta acción de política pública que depende también de recursos federales y que igualmente crean otros empleos especializados.  Como en el caso anterior se maneja que los recursos ahora se les dará de manera directa ¿Cómo? ¿Van a salir de los refugios para que las maten?

Ambos casos afectan derechos, de niños y niñas y de mujeres. Ambos requieren de protección y apoyo profesional, con la inmediatez que cada caso requiera; y en ambos casos el argumento para retirar apoyos es la descalificación, la deslegitimación, la desconfianza en todos los casos poniendo en duda el desempeño, la honorabilidad y honestidad de la sociedad civil organizada en general, cuando en contraparte las mismas voces ensalzan los procesos democráticos de participación ciudadana.

De ahí que cabe recordar que las Organizaciones No Gubernamentales (Ong´s), Organizaciones Sociales u Organizaciones de la Sociedad Civil -como se conocen- cumplen funciones sociales y humanitarias, apoyan causas, no tienen fines de lucro y son independientes de la administración pública, abarcan diferentes formas jurídicas (asociaciones, fundaciones, cooperativas, etcétera) y no buscan sustituir la acción de los Estados, sino complementar la labor o coadyuvar con el Estado en aquellas acciones que se consideran necesarias. En todos los casos están conformadas por hombres y mujeres que ejercen su ciudadanía en los procesos democráticos y -para usar el mismo lenguaje- también “son pueblo”.

Estas organizaciones existen en todo el mundo. Su importancia es reconocida incluso en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 71 que las define como “agrupaciones de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público.”

Bien ha opinado Rodolfo Franco en su colaboración con Aristegui Noticias, “(…) estas descalificaciones atentan contra el derecho a asociarse libremente que igual protege a sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles y empresas (…)” 

Por eso es preocupante no reconocer, que estas organizaciones son un medio para proteger y garantizar los fines del Estado mexicano expresados en libertades y derechos universales y que son parte de la democracia participativa que se predica.

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Estimulo fiscal que favorezca a mujeres victimas de violencia

Muchas estrategias se han diseñado desde las instituciones de gobierno, como desde las organizaciones civiles y sociales para tratar de reducir las barreras y los obstáculos que

imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena garantía de sus derechos.

Estas estrategias, han aportado sin duda, una mayor sensibilización, visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones que todavía se presentan. Sin embargo, todavía hay que seguir impulsando acciones que permitan reducir esas enormes barreras a las que todavía se enfrentan muchas mujeres.

En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de mujeres en el ámbito laboral,

esto ha ido permitiendo su autonomía económica, pero sin que haya traído aparejado una igualdad real, no sólo en las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente en el reparto de las obligaciones domésticas y de cuidados que realizan en sus hogares, provocando esas dobles y triples jornadas que desempeñamos las mujeres y que evidencia las condiciones de desigualdad más enraizadas entre hombres y mujeres. Ha sido documentado por ejemplo que las mujeres trabajamos más horas a la semana que los

hombres, justamente en razón de este trabajo no remunerado.

Otra barrera que viene aparejada a lo anterior a la que se enfrentan muchas mujeres para poder acceder a un trabajo remunerado es, la violencia de género, que no es cosa menor cuando se reconoce que los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad y que en los últimos años en México ha ido en incremento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que un mecanismo que permite acercarse a erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres es mejorar el acceso de las mujeres a un empleo remunerado, es decir impulsar su empoderamiento económico, sin embargo, para lograrlo es necesario atender que en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a abandonar su trabajo, derivado de la violencia en su contra.

Ello impide y lo saben bien, quienes han pasado por esta experiencia traumática, a conseguir un empleo, con la consecuente pérdida de un ingreso para sus familias o que

busquen empleos informales en los que no tienen acceso a prestaciones de salud,

guarderías u otros beneficios que marca la Ley.

Por ello la necesidad de continuar construyendo acciones afirmativas para que accedan a programas de fomento al empleo formal y así impulsar su empoderamiento económico, coadyuvando a la eliminación de la violencia y a eliminar el acoso y hostigamiento sexual así como todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

De ahí que coordinadamente con el Instituto Poblano de las Mujeres y su Consejo Consultivo, y considerando que el sector privado siempre ha dado muestras de solidaridad a las causas más apremiantes de la sociedad; así como las empresas ya gozan de estímulos fiscales para quienes contraten a personas con discapacidad o a adultos mayores; he presentado una Iniciativa a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla del 2019 y para los subsecuentes ejercicios fiscales, que permita otorgar un estímulo fiscal del 50 por ciento en la deducción del pago del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para las personas físicas y morales que contraten en su plantilla laboral a mujeres víctimas de violencia que cuenten con una sentencia de autoridad competente derivada de delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Continuar generando acciones afirmativas y construyendo políticas públicas que procuren acortar la brecha de género es el objetivo. Incrementar la inserción de mujeres en el ámbito laboral no sólo para alcanzar su autonomía económica que les permita un trabajo remunerado que les otorgue beneficios, sino fundamentalmente para ayudar a mujeres en situación de violencia, es el reto que podremos lograr sumando esfuerzos para reducir las barreras y los obstáculos que imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena

garantía de sus derechos: legisladores/as, gobierno y sector privado.

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Estímulo fiscal que favorezca a mujeres víctimas de violencia

Muchas estrategias se han diseñado desde las instituciones de gobierno, como desde las

organizaciones civiles y sociales para tratar de reducir las barreras y los obstáculos que imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena garantía de sus derechos.

Estas estrategias, han aportado sin duda, una mayor sensibilización, visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones que todavía se presentan. Sin embargo, todavía hay que seguir impulsando acciones que permitan reducir esas enormes barreras a las que todavía se enfrentan muchas mujeres.

En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de mujeres en el ámbito laboral, esto ha ido permitiendo su autonomía económica, pero sin que haya traído aparejado una igualdad real, no sólo en las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente en el reparto de las obligaciones domésticas y de cuidados que realizan en sus hogares, provocando esas dobles y triples jornadas que desempeñamos las mujeres y que evidencia las condiciones de desigualdad más enraizadas entre hombres y mujeres. Ha sido documentado por ejemplo que las mujeres trabajamos más horas a la semana que los

hombres, justamente en razón de este trabajo no remunerado.

Otra barrera que viene aparejada a lo anterior a la que se enfrentan muchas mujeres para poder acceder a un trabajo remunerado es, la violencia de género, que no es cosa menor cuando se reconoce que los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad y que en los últimos años en México ha ido en incremento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que un mecanismo que permite acercarse a erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres es mejorar el acceso de las mujeres a un empleo remunerado, es decir impulsar su empoderamiento económico, sin embargo, para lograrlo es necesario atender que en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a abandonar su trabajo, derivado de la violencia en su contra.

Ello impide y lo saben bien, quienes han pasado por esta experiencia traumática, a conseguir un empleo, con la consecuente pérdida de un ingreso para sus familias o que

busquen empleos informales en los que no tienen acceso a prestaciones de salud,

guarderías u otros beneficios que marca la Ley.

Por ello la necesidad de continuar construyendo acciones afirmativas para que accedan a

programas de fomento al empleo formal y así impulsar su empoderamiento económico,

coadyuvando a la eliminación de la violencia y a eliminar el acoso y hostigamiento sexual

así como todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

De ahí que coordinadamente con el Instituto Poblano de las Mujeres y su Consejo Consultivo, y considerando que el sector privado siempre ha dado muestras de solidaridad a las causas más apremiantes de la sociedad; así como las empresas ya gozan de estímulos fiscales para quienes contraten a personas con discapacidad o a adultos mayores; he presentado una Iniciativa a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla del 2019 y para los subsecuentes ejercicios fiscales, que permita otorgar un estímulo fiscal del 50 por ciento en la deducción del pago del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para las personas físicas y morales que contraten en su plantilla laboral a mujeres víctimas de violencia que cuenten con una sentencia de autoridad competente derivada de delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Continuar generando acciones afirmativas y construyendo políticas públicas que procuren acortar la brecha de género es el objetivo. Incrementar la inserción de mujeres en el ámbito laboral no sólo para alcanzar su autonomía económica que les permita un trabajo

remunerado que les otorgue beneficios, sino fundamentalmente para ayudar a mujeres en situación de violencia, es el reto que podremos lograr sumando esfuerzos para reducir las barreras y los obstáculos que imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena garantía de sus derechos: legisladores/as, gobierno y sector privado.

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#Atención...se trata de corregir desigualdades

Un destacado personaje de la denominada cuarta transformación (4T) ha señalado que a los legisladores les asiste el deber de darle forma jurídica al Estado y eso incluye hacer reformas de gran calado y ello pasa por pensar en satisfacer las preocupaciones más sentidas de la población.

Y eso es justamente lo que hemos procurado las mujeres desde hace muchas décadas, en que iniciaron una revolución pacífica por la conquista de nuestros derechos, que continúa hoy más que nunca.

Poco a poco se fue incorporando en nuestra Carta Magna, así como en leyes secundarias y en las normativas estatales, derechos fundamentales: a votar, a ser electas, a la salud en general y a la salud sexual y reproductiva, a la educación, al acceso a la justicia…a nuestros derechos humanos.

En estas normativas, ya en la etapa contemporánea, se incluyó el Principio de Progresividad, “que implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad referida a que generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso que implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. (…) De manera que el Principio de Progresividad exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. (2010361. 2a.

CXXVII/2015 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Pág. 1298.)

Por ello, de la más alta preocupación los escenarios nada alentadores que observamos en relación no sólo al desinterés de atender los temas de mujeres, sino que vislumbramos retrocesos.

Recuerdan cuando en la campaña política conocimos de los compromisos del hoy Ejecutivo federal vía el “Femsplaining” ahí señalaba que tenían una agenda para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Lo que hemos visto es que se intentó eliminar el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF2019), el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas (Paimef), el Programa de Coinversión Social, y muchos otros tuvieron recortes sustantivos.

Uno de ellos, actualmente está en el debate nacional, se trata del Programa de Estancia Infantiles que tiene una reducción de más de la mitad de los recursos públicos, en perjuicio de niños y niñas, madres y padres que utilizan este servicio, así como de miles de mujeres que son las responsables de estas estancias.

Tan sólo en Puebla, hay 502 estancias infantiles, en Puebla capital 228, al interior del Estado 284 distribuidas en 79 municipios, 502 personas responsables y 2 200 asistentes. 18, 340 niñas y niños acuden a las estancias y 17 mil padres y madres de familias, corren elriesgo de quedarse sin este servicio.

¿Sabían ustedes que este programa ampara con el doble de beca que es de 950 pesos a niños y niñas con discapacidad y que estas estancias avalan el primer año de preescolar?

¿Que son supervisadas permanentemente por protección civil, que son capacitadas

periódicamente las personas que atienden a las/os niños, que tienen una alimentación

balanceada?

Si como han argumentado muchas voces, el gobierno federal actual encontró irregularidades y malos manejos, bien se podría haber iniciado los procedimientos penales pero no reducir recursos, a un programa que ha dado certezas de atención a hijos/as de miles de mujeres mientras salen a trabajar, se les olvidó que casi el 30% de los hogares en México tienen jefatura femenina.

Si se quiere deconstruir la política social como la conocemos hasta ahora, me parece que primero tienen que asegurarse de crear una mejor, ya que no se justifica terminar así, con un sistema de cuidado de menores que beneficia a miles de familias en el país y

específicamente en Puebla.

Y qué decir de las reducciones de recursos al INEGI que no podrá realizar los diferentes análisis, ni generar estadísticas o encuestas que han servido tanto y son tan necesarias para el diseño de política pública justamente para atender las diversas desigualdades que existen en nuestro país en todos los rubros, y por supuesto las específicas que se han diseñado a favor de las mujeres.

O qué tal lo que hemos escuchado en relación a las personas que cometen delitos y crímenes de odio en contra de las mujeres. Muchos especialistas han señalado que no pueden atenderse con mensajes de “moralización pública” en los que nuevamente la responsabilidad recae en las mujeres-madres para que eviten “hijos delincuentes”.

Pensamos que para enfrentar las violencias políticas en contra de las mujeres, lo que se requiere es una mejora constante en los procesos institucionales para investigar, perseguir, procurar y administrar justicia. Bien ha señalado el gobierno de la Ciudad de México, es imprescindible que se entienda que se trata de un problema sobre todo, de justicia, y por ello ofrecen cero tolerancias al abuso y violencia de género. ¿Podríamos

exigirlo para Puebla?

Sin duda para todo ello se requiere de voluntad política y de entender con claridad los mecanismos y el enfoque que ha tenido y tiene cada una de las reformas que han permitido dar forma jurídica al Estado para satisfacer las preocupaciones más sentidas de la población por la vía del diseño de políticas públicas, eso es justamente lo que hemos procurado las mujeres desde hace muchas décadas, en esta revolución pacífica por la conquista de nuestros derechos, por eso es importante recordar que esa 4T no podrá darse si no se garantizan los derechos de las mujeres, porque de lo que se trata es de

poner atención para corregir desigualdades.

rociog@prodigy.net.mx

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Podemos

Muchos eventos han transcurrido en Puebla los últimos ocho años. Grandes obras se sumaron a la de por sí majestuosidad de nuestra ciudad. En contraste al desarrollo de la zona metropolitana, los restantes municipios de nuestra entidad, tuvieron un rezago muy importante.

Nuestro Estado, pasó por varios procesos electorales, la polarización se fue incrementando, un conjunto de vicisitudes acumuladas fueron creando un ambiente complejo, sumado a la trágica muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, Puebla presentó una de las mayores crisis política de nuestra historia apenas comparable al periodo posrevolucionario en donde nuestro Estado llegó a tener 34 cambios de gobernador en el lapso de 22 años.

Sin pretender decir que todas las alteraciones hayan sido negativas habrá que remarcar que en nuestro más reciente acontecer político nuestro Estado ha transitado por situaciones políticas inéditas en nuestra vida democrática.

En este entorno, el pasado veintiuno del mes, fue electo y rinde protesta ante el Congreso del Estado, el Gobernador Interino Guillermo Pacheco Pulido. Su gestión descansa sin duda, en la existencia de un Estado plural y diverso y de alguna manera, polarizado e inseguro. Para enfrentarlo requerirá de un enorme apoyo social que le permita tomar las decisiones que se requieren a fin de reencauzar a nuestro Estado hacia una ruta de tranquilidad política y seguridad social en un tiempo record, tan solo 5 o 6 meses.

El próximo 2 de junio tendremos una nueva elección para gobernador/a y para las presidencias municipales de los 5 municipios anulados en el pasado proceso electoral. Independientemente de la exacerbación política de los meses anteriores, partidos y candidatos debemos actuar con base en la serenidad y la prudencia. Habrá que tener, más que presente, que la ciudadanía condena la violencia venga de donde venga. Su principal

demanda es que la discordia social y política se resuelva por la vía del diálogo y el acuerdo. Estudios politológicos así lo confirman: los ciudadanos están en desacuerdo con todas las acciones violentas, sean insultos o golpes, bloqueos, tomas de tribuna y por supuesto agresiones física y verbales entre grupos o partidos.

En los últimos sexenios, quienes han ganado la gubernatura del estado asumieron como regla general, que era “su proyecto” el que debía imponerse a los demás; en esta ocasión, me parece no será así. El gobernador interino, investido por el Congreso, seguramente habrá de comprender que la voluntad ciudadana, que encarna nuestra representación legislativa, espera de él la mayor capacidad de hacer política para consensar las políticas públicas que se demandan y garantizar el bienestar general y su completa imparcialidad para que el próximo proceso electoral transcurra dentro de la mayor certeza y

credibilidad, si lo que se quiere es un marco de certeza y credibilidad para los comicios que habrán de celebrarse ajenos a cualquier tipo de violencia.

En Puebla ha iniciado una nueva etapa. Urge reinsertarnos en este nuevo paradigma de país que se vive desde el pasado 6 de julio. El Gobernador Pacheco Pulido cuenta con la experiencia y los conocimientos que segura estoy le permitirán poner en práctica en favor de los reclamos antes expuestos. La democracia en nuestro Estado tiene pendiente el reto de construir una convivencia política donde no sean el signo de la discordia, la parálisis y la inmovilidad los espíritus predominantes. Por el contrario, partidos, sociedad y gobierno tenemos un desafío común: gobernar la pluralidad política y dirimir sus discrepancias de manera pacífica. El primer paso: respetar las reglas del juego democrático y crear condiciones para que la discordia no desemboque en un campo de batalla.

En Puebla podemos lograrlo.

rociog@prodigy.net.mx

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Similitudes, Dos temas en los últimos días de la mayor importancia pasan por Puebla y ocupan la atención de todo el país.

Uno, la definición de quién será la persona que ocupe la gubernatura interina; el segundo, la estrategia planteada por el gobierno federal para detener el robo de combustible.

En el primer caso, después del “manotazo” a diputados de Juntos Haremos Historia (MORENA, PES, PT) para detener las ambiciones personales de algunos; en el Congreso del Estado, se reinician las mesas de trabajo que permitan reconstruir el acuerdo original:

Intentar llegar en consenso en la definición de la persona designada como gobernador/a

interina, cuya fecha límite es el veinticuatro del presente mes. El segundo, tiene que ver con el robo de combustible, que pasa por Puebla, porque ha

sido documentado que justamente nuestro Estado encabeza la lista de “huachicoleo” incluso, las autoridades han nombrado como “triángulo rojo” a los municipios de Palmar de Bravo, Tepeaca y Tecamachalco, donde el crimen organizado tiene el control y han señalado que según investigaciones de Pemex y de la PGR, son los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y el del Pacífico los grupos criminales que controlan las plazas del “huachicoleo”.

Y aquí justamente mis reflexiones, porque ambos temas pasan por la eficacia, estabilidad y cuidado que parte de las autoridades nacionales o estatales que proceden del Movimiento para la Regeneración Nacional (MORENA).

La designación del gobernador/a interino, tiene la característica de que el voto mayoritario en el Congreso poblano responde justamente a MORENA con su coalición Juntos Haremos Historia; y, la decisión de iniciar acciones en contra del “huachicoleo” se da vía el Presidente López Obrador, surgido de MORENA en esa misma coalición de Juntos Haremos Historia.

Y sí, ambos temas son parte ya y harán historia tanto en Puebla, como en el país. Encuentro por eso, enormes similitudes, tanto en Puebla como nacionalmente.

Ambos temas han generado una serie de debates de todo tipo, se han construido en su entorno abundantes historias hasta fantasiosas; pero ambos también, han generado una enorme incertidumbre, confusión, miedo y malestar. En ambos todo México, está pendiente.

Muchos analistas han escrito sobre la enorme semejanza que se puede rescatar, entre la hoy lucha por erradicar el “huachicoleo” del presidente López Obrador y la “guerra” que emprendió el presidente Calderón contra el narcotráfico.

En ambos, nos unió y nos une la esperanza de erradicar estos flagelos que tanto daño han causado; pero también en ambos, antes y hoy, se percibe una falta de planeación en su combate.

En la “guerra” en contra del narcotráfico poco a poco fue disminuyendo esperanza, el número de asesinatos de personas inocentes se incrementó día a día, el número de desaparecidos aumentó y la impunidad se hizo presente. Al expresidente Calderón solo se le recuerda por su guerra perdida contra el narcotráfico.

Como la mayoría de mexicanos/as no quisiéramos que ninguna de estas luchas se perdiera. No queremos que día a día nuevamente la esperanza disminuya, y menos cuando hemos sido testigos de hechos que antes en Puebla nunca habíamos visto, asesinatos, cuerpos desmembrados, jóvenes cooptados, familias destruidas, personas y hasta autoridades amenazadas, todo por el “huachicoleo”. Por esto qué bueno que se atiende esta grave problemática por parte del gobierno federal, porque Puebla se favorece con esta acción.

Solo esperamos que a la par de las acciones de contención del robo de combustible, se vayan iniciando las carpetas de investigación y las detenciones. Cómo dice el presidente López Obrador “caiga quien caiga” de esa manera, en paralelo podremos observar que se va cumpliendo realmente la otra gran lucha contra la impunidad, que me parece falló en la “guerra” contra el narcotráfico.

Similitudes muchas.

Ambos pasan por la gobernabilidad y estabilidad del estado de Puebla el primero y del país el segundo. Si siguen sin ponerse de acuerdo los diputados/as locales de MORENA y sus aliados, se

estaría a punto de generar una crisis mayor en Puebla.

Si MORENA en el gobierno no combate el desabasto de gasolina, se estaría a punto de generar una crisis en la cadena productiva del país. Ambos deben seguramente estar incluidos en la agenda de riesgos de MORENA.

Ambos tienen muchas aristas y pistas que atender al mismo tiempo.

Por eso en ambos está en juego la eficacia, estabilidad y cuidado que parte de las autoridades nacionales o estatales que proceden también de MORENA (Movimiento para la Regeneración Nacional)

Ambos han quedado registrados tanto en la historia de Puebla, como en la historia del país.

rociog@prodigy.net.mx

Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

rociogarciaolmedo.blogspot.com

CONSENSO

La magia que permea en estas fechas, espero sea el preámbulo para que diputadas y diputados del Congreso poblano, continuemos -como lo fue después del lamentable acontecimiento en el que perdió la vida la gobernadora Martha Ericka Alonso Hidalgo-

asumiendo con una nueva actitud, la enorme responsabilidad que tenemos en puerta: La designación de quien será nombrado/a para cubrir el período de interinato en el Gobierno del Estado.

Así como en los últimos días del año, logramos por unanimidad aprobar la Ley de Ingresos del estado de Puebla y de Zacatlán que teníamos pendientes, y en las últimas horas del día treinta uno, la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2019; hoy, estamos a la víspera de tomar una decisión de la más alta importancia para Puebla, que desde mi punto de vista obliga también al consenso y en su momento a la unanimidad de votos.

Se trata de definir a la persona que cumpla con un perfil que si bien ha venido siendo mencionado desde diversas voces, debe considerar sin duda que en Puebla desde hace más de un año, vivimos en un contexto de indefinición, con un proceso electoral muy largo (pre-campaña, campaña, elección, impugnación, resolutivo final) y sólo diez días de gobierno constitucional. De ahí la importancia del personaje a designar.

Que pueda generar condiciones de gobernabilidad sí, considerando que no es -como bien señalan los teóricos- una cuestión que recaiga únicamente y de manera unilateral en el gobierno o en la sociedad, tampoco que tiene únicamente un componente teórico, sino que adquiere una relevancia práctica, y aquí es donde de este modo “gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas han de comprometerse también de manera conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad.” Uno de los tres componentes básicos de la gobernabilidad es la estabilidad -los otros dos son eficacia y legitimidad- y aquí justo la importancia de la decisión que tome el Congreso poblano.

Si consideramos que este puede ser uno de los requisitos que debieran atenderse en el perfil a designar, debe ser entonces aquel o aquella que pueda generar gobernabilidad y

 estabilidad, y ello pasa por combinar la eficacia gubernamental con la legitimidad social garantizando la estabilidad.

La imparcialidad es otro de los requisitos necesarios. Sin sesgos, prejuicios o tratos diferenciados de ningún tipo, que se muestre neutral y ecuánime, derivado de que le corresponderá transitar hacia un nuevo proceso electoral que elegirá al Gobernador/a

sustituta que concluirá el período para el cual fue electa la Gobernadora Martha Ericka Alonso Hidalgo.

Conciliador/a y confiable, con la capacidad de explorar posibilidades de acuerdos, mediante el diálogo, para la resolución de los conflictos que se presenten y con la certeza de que se cumplirán los acuerdos.

Seguramente otros más podrán considerarse, para el perfil como requisitos de la persona que designará el Congreso como Gobernador/a Interina: conocimiento del estado, ser poblano, entre algunos otros.

Lo importante es que en estas características del perfil, coincidimos con grupos empresariales, organizaciones civiles, y seguramente con los partidos políticos, por eso deseo que la magia de estos días pueda lograr que en el Congreso de Puebla se logre el consenso para cumplir con la facultad establecida en la fracción XVII del artículo 57 de la Constitución de Puebla y con el compromiso para impulsar, todas las fuerzas políticas que actúan en el Congreso vía sus grupos legislativos, una votación unánime en el Pleno.

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