CSW60.

Desde 1946 la Comisión de la Condición de las Mujeres de la ONU (CSW) analiza los avances de la condición jurídica y social de las  mujeres en el mundo.

Líderes mundiales, ONG, sector privado y activistas, en reuniones de alto nivel, se reúnen a debatir y a evaluar las hojas de ruta diseñadas para garantizar la inclusión de las mujeres y las niñas al desarrollo mundial.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por todos los países Miembro que surge de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el marco de arranque para esta evaluación, que se llevó a cabo del 14 al 24 de marzo en la sede la ONU, en Nueva York. Como cada año una delegación oficial mexicana asistió a esta reunión anual de alto nivel.

Si bien la Agenda 2030 propuso abordar los retos del siglo XXI -pobreza, desigualdad y cambio climático- el empoderamiento de las mujeres y su vínculo con el desarrollo sostenible es una condición previa para lograr los objetivos y fue el tema prioritario del 60 período de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW60), enlistado también, el primer examen voluntario acordado en 2013 sobre el progreso de 10 de los Estados Miembro, en materia de avance de violencia de género.

Innovador fue la presentación y firma de un compromiso del denominado “Pacto de Medios. Demos paso por la Igualdad de Género” facilitado por ONU Mujeres, que reúne a una amplia coalición de medios de la prensa escrita, radial, electrónica, comunitaria de África, Asia y el Pacífico, estados Árabes, Europa y América Latina y El Caribe que funcionará como una alianza de organizaciones de medios de comunicación que se comprometen a desempeñar un papel activo en el impulso al empoderamiento de las  mujeres y la igualdad de género, a través de coberturas de alta calidad acompañadas de prácticas corporativas sensibles al género.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres declaró en la firma de este Pacto “Este nivel de apoyo y liderazgo de quienes trabajan en las salas de prensa es lo que necesitamos para ampliar los límites y asegurarnos de lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres en 2030”,

“Los medios tienen una influencia enorme sobre la forma en que percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Esta influencia tiene muchas dimensiones. Incluso cuando la presentación de informes es totalmente ajustada a los hechos, si se informa predominantemente por hombres, sobre los hombres, en realidad se está distorsionando el estado real del mundo. En ONU Mujeres, queremos abordar esto a través de una asociación para cambiar el panorama de los medios de comunicación y para que los medios hagan su parte por la igualdad de género”.

México presentó los resultados del Encuentro Internacional Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación (MECI) que se llevó a cabo al conmemorarse el centenario del Primer Congreso Feminista en Yucatán; estos resultados identifican propuestas en torno a los desafíos y oportunidades para el empoderamiento de las mujeres en el  marco de la economía del conocimiento; presentó también el disco HerforShe como una contribución cultural al movimiento impulsado por ONU Mujeres para involucrar a niños, jóvenes y hombres como agentes de cambio en el logro de la igualdad y los derechos de las mujeres y las  niñas. Así mismo planteó la necesidad de incluir en la agenda formal de la próxima reunión anual, los retos que enfrentan las mujeres indígenas desde una perspectiva de igualdad.

Sin duda como cada año, de la mayor de las importancias este evento, para quienes seguimos la ruta de la Agenda de las  Mujeres. Próximamente conoceremos las conclusiones de esta CSW60 una vez que sean aprobadas por los países Miembros de la ONU.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

rociogarciaolmedo.blogspot.com

¿COADYUVAR?

En los primeros meses del 2014, justo cuando acababa de publicarse el Acuerdo del Gobierno del Estado de Puebla expedido a través de la Secretaría General de Gobierno que determinó que “de manera “transitoria y temporal” los Ayuntamientos se encargarán del Registro Civil, quienes deberán recibir y resguardar los archivos que obran en las Juntas Auxiliares; entre tanto “se determina la modernización del proceso registral” (Diciembre, 2013) escribí para los medios de comunicación que me hacen el favor de publicar, una colaboración que denominé ¿Acercar el derecho a la identidad de las personas es una obligación del Estado Poblano? (22/06/2014).

En ella, sostuve los argumentos históricos y jurídicos para demostrar que en México y específicamente en Puebla, el Registro Civil, es una tarea inherente del Estado y que tanto el Estado mexicano como el poblano, habían implementado las medidas necesarias para proteger y garantizar este derecho, cuya intención es dar seguridad a cada ciudadano y a la sociedad en su conjunto.

Justifiqué entonces, el por qué fue necesario acercar este derecho a los 651 Presidentes de las Juntas Auxiliares a quienes les fue autorizado constituirse como Jueces del Registro Civil por Ministerio de Ley  otorgándoles “las mismas facultades  que a los jueces del Registro Civil de la capital” (1988; Decreto basado en antecedentes de 1887,1861 y 1545). El objetivo se señala en la exposición de motivos de ese Decreto  “Que a través del contacto con la ciudadanía, fueron recogidas diversas inquietudes y peticiones relativas a la Institución del Registro Civil, que se traducen en la necesidad de expedir leyes ágiles, que proporcionen la simplificación administrativa de los trámites respectivos para beneficiar a diversos núcleos de población, en especial a aquellos con cierto atraso cultural, manifiesta pobreza o dificultad de acceso (…)”

Ni el sustento jurídico, ni el histórico, lograron revertir la instrucción del todavía Gobernador del Estado de Puebla Rafael Moreno Valle; reformaron la Ley Orgánica Municipal que restó no sólo la facultad del Registro Civil en las Juntas Auxiliares, también, colocó a las Juntas Auxiliares como Órganos Desconcentrados de la administración pública municipal, les redujeron las facultades de operación y también las facultades políticas al eliminarles la figura de regidores para considerarlos “miembros”.

Se les olvidó en el Gobierno del Estado de Puebla, que las autoridades de las Juntas Auxiliares son elegidos democráticamente por los habitantes de sus comunidades, muchos basados en sus usos y costumbres; esta decisión unilateral, generó lo que todas y todos hemos sido testigos en Puebla desde entonces: un ambiente de ingobernabilidad; descontento, protestas, manifestaciones y marchas en desacuerdo, policías estatales con instrucciones de contener las manifestaciones, detenciones arbitrarias,  violaciones a los derechos humanos, heridos, balas de goma, “ley bala”, impunidad y la lamentable muerte de un menor.

Y hoy, que inicia una elección resulta, que el pasado 15 de marzo, se aprueba en el Congreso del Estado una Iniciativa presentada nuevamente por el Gobernador del Estado, -por cierto sin allegarse para el análisis de otras Iniciativas presentadas con antelación, sobre el mismo tema violando una vez más el Reglamento del Congreso del Estado- para que las Juntas Auxiliares “coadyuven” con el Registro Civil, y con ello dicen que están restituyendo facultades. Absoluta mentira.

Lo sostengo con conocimiento de causa, desde el 2014 los Presidentes/as municipales buscaron diversas maneras de seguir ayudando a sus habitantes vía sus Juntas Auxiliares, para no dejar de acercarles el servicio del registro civil, y su acceso al registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones, sin que tuvieran que gastar en trasladarse a sus cabeceras municipales o a los Centros Integrales de Servicios (CIS) así que desde entonces “coadyuvan”.

Lo que si precisa la Iniciativa aprobada,  es la penalización de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, por conductas ilegales; tampoco nada nuevo, porque en la ley en esta materia y en otras leyes secundarias, de por sí ya están previstos procedimientos y sanciones administrativas y de tipo penal a quienes incurran como autoridades en alguna conducta ilegal.

De manera que de derecho y de hecho a las 651 Juntas Auxiliares no se les está restituyendo ninguna facultad de registro civil, y tampoco se les devuelve con esta reforma aprobada ninguna de las facultades originales que tenían.

Incluso y a mayor abundamiento aun cuando desde diciembre del 2013 que aprobaron  quitar facultades a las Juntas Auxiliares en la Ley Orgánica Municipal, nunca, desde entonces, tuvieron el cuidado de armonizar el Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla que ha seguido reconociendo en su texto a los Presidentes de las Juntas Auxiliares y a los Presidentes Municipales como Jueces del Registro Civil por Ministerio de Ley (Artículos 19 y 20) contradicción evidente que ha violado todos estos años el principio de certeza jurídica.

De manera que esto que acaban de aprobar el 15 de marzo, y que difunden como “restitución de facultades” a los Presidentes de Juntas Auxiliares,  es solo una mentira con tintes absolutamente políticos por el año electoral.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

rociogarciaolmedo.blogspot.com

AVISO…PARA QUE TOMEN NOTA EN PUEBLA.

El día lunes de esta semana, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) órgano especializado encargado de impartir justicia en el ámbito electoral,  se presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, instrumento que ha sido elaborado para construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia en los espacios político-electorales.

Elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Red institucional que está lista para responder a los casos de violencia política que se presentan.

Este Protocolo es un documento que brinda herramientas conceptuales, establece un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en el que se señala desde quien puede presentar la denuncia/querella/queja, cuándo se debe denunciar, qué autoridades son las competentes para atender prioritariamente estos casos y en qué responsabilidades incurren en caso de no hacerlo; evidentemente incluye el listado de las veinte normativas que deben aplicar, así como las cinco jurisprudencias dictadas en esta materia, la Doctrina y las Políticas a las que deben ajustarse.

De manera que este Protocolo se constituye en el mecanismo que señala de manera clara y contundente, nueve acciones concretas que deben observar las autoridades, adoptarlas y observarlas para procesar y combatir casos de violencia contra las mujeres.

Incluso por si tuviesen algunas interrogantes sobre esa figura, la Magistrada Carmen Alanís mencionó en su intervención “En este documento se responde qué es la violencia política, cuándo se habla de violencia política con elementos de género, cómo se detecta quiénes son las víctimas, cuales son los derechos de las víctimas, cuales son las instituciones competentes para brindar atención, sus obligaciones y las acciones inmediatas que deberán emprenderse cuándo se presente un caso”.

Sin duda de la mayor de las importancias este Protocolo para Puebla y para todos los estados de la República que están en proceso electoral, y que -como en Puebla- han registrado hechos de esta naturaleza en contra de las mujeres que están contendiendo.

Blanca Alcalá la candidata a gobernadora del Partido Revolucionario Institucional PRI, ha sido víctima ya, de una serie de actos: campañas de desprestigio, difamación en medios de comunicación, distribución de panfletos que pretenden dañar su imagen, sin elementos comprobables. Todos, elementos constitutivos de violencia política de género enunciados en el Protocolo.

Incluso ayer mismo documentaron los medios de comunicación un hecho delictivo que pudiese durante la investigación de la autoridad competente, presentar algunos elementos que pudieran sumarse también como violencia política de género, en contra de la compañera Roxana Luna que ha sido postulada por el PRD.

Blanca Alcalá y muchas otras mujeres que hoy y en el futuro participen en los espacios políticos electorales, cuenta ya con un mecanismo de defensa y protección a sus derechos políticos y humanos.

Pero también, cuenta también con el Punto de Acuerdo presentado en el Senado de la República  -por la Senadora Lucero Saldaña-  que exhorta a los Organismos Públicos Electorales Locales y a los Gobernadores de diversas entidades del país, para que aseguren que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año, estén libres de violencia política de género.

Sin duda estos hechos reprobables que en Puebla se han presentado, como bien señaló la Senadora Saldaña pueden si no se detienen a tiempo convertirse en “la exacerbación de actos de violencia por parte de actores reconocidos o anónimos, identificables por la ciudadanía, aunados a la actitud omisa de las autoridades, no significa dar igualdad de oportunidades, sino ser parciales y alentar un México violento.

De ahí que aplaudo la elaboración de este Protocolo y aplaudo también el comentario de  Lorena Cruz, Directora de INMUJERES “es momento de ponerle alto a la violencia política contra las mujeres, y a las muchas “marrullerías” que vivimos en el proceso”

Por todo ello, necesario que en Puebla todas las autoridades conozcan este Protocolo y para todas y todos pueden consultarlo en htpp://bit.ly/1pqeL0m.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

Rociogarciaolmedo.blogspot.com

DERECHO A UNA REPRESENTACIÓN POLÍTICA SIN VIOLENCIA.

El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. El tema propuesto para reflexionar  por parte de la ONU es “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género” se trata de analizar cómo acelerar los nuevos compromisos de los gobiernos en materia de igualdad, empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Ello implica que los gobiernos adopten acciones decisivas, visibles y cuantificables. Y en ese camino vamos las mujeres, empujando para que los gobiernos asuman su responsabilidad. Tarea nada sencilla a la que muchos hombres, por fortuna, se han ido sumando, porque buscan también, poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como garantizar igualdad de participación y de oportunidades en todas las esferas de la vida.

Dentro de los derechos humanos, los derechos políticos -ubicados como derechos de “primera generación” que incluyen el derecho a elegir y a ser elegido; a participar en los asuntos públicos; a la libertad de reunión y asociación; a reunirse con fines políticos, entre otros- aluden, al conjunto de condiciones que hacen posible para la ciudadanía participar en la vida pública e intervenir en las decisiones que le afectan a las mujeres.

En México el derecho al ejercicio de la ciudadanía está consagrado ya en nuestra Constitución, pero nuestro derecho a la representación política se puso a prueba a la inclusión del principio de paridad a nuestra Carta Magna en 2013, y hoy, emprendemos el reto de impulsar en la normativa, la paridad horizontal y vertical para candidaturas a presidencias municipales y ayuntamientos, de la misma manera que se conduce la materia federal.

Si bien la paridad es un propulsor determinante de la democracia cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social; (Consenso de Quito, 2007) para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres; es necesario atender los retos que la acompañan.

Primero, sin duda la enorme necesidad de conciliar la paridad de género con la democracia interna de los partidos políticos.

Segundo, el gran reto que tiene que ver con la calidad de la representación sustantiva; lo deseable es que tanto mujeres como hombres, sean postulados/as en base a trayectorias, méritos y capital político.

Tercero, el diseño de mecanismos que permitan garantizar a las mujeres su acceso, ya que todavía se presenta una diversidad de obstáculos a enfrentar. Uno de ellos que sin duda es reprobable e inaceptable, tiene que ver con la violencia política a la que nos vemos sujetas las mujeres y por ello es necesario visibilizar y sancionar estos actos. Se han presentado Iniciativas que todavía no concluyen procedimientos legislativos a nivel federal -la Senadora poblana Lucero Saldaña es proponente- pero Oaxaca hace unos días, ha legislado ya, sobre violencia política de género.

Existe marco normativo internacional, nacional y local que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el fin de estas iniciativas es, proteger, atender, sancionar y eliminar esta práctica que atropella derechos humanos de las mujeres; porque hemos sido testigas de que a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia: actitudes, prácticas discriminatorias y hasta hemos conocido de casos extremos de esta violencia: atentados, golpizas y asesinatos de mujeres precandidatas o en funciones de cargos de representación política.

¿Cuándo se presenta una violencia política en contra de las mujeres? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres, señalan como acoso político, discriminación y violencia las siguientes expresiones:

Como precandidatas y candidatas:

·      Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres.

·      Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota.

·      Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional.

·      Presiones para ceder o no reclamar la candidatura.

·      Ausencia de apoyos materiales y humanos.

·      Agresiones y amenazas durante la campaña.

·      Trato discriminatorio de los medios de comunicación.

Como legisladoras y autoridades municipales electas:

·      Substituciones arbitrarias.

·      Presión para que renuncien a favor de sus suplentes.

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones:

·      Mayor exigencia que a los varones.

·      Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses.

·      Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local.

·      Ocultamiento de información.

·      Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas.

·      Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas.

·      Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas.

·      Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.

·      Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo.

·      Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes.

En el ámbito personal:

·      Difamación, desprestigio, burlas, descalificaciones y calumnias.

Reto pendiente para que las mujeres ejerzamos no sólo el derecho al ejercicio de nuestra ciudadanía; también,  el derecho a una representación política sin violencia y para ello los gobiernos deben adoptar acciones decisivas, visibles y cuantificables.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

rociogarciaolmedo.blospot.com