En
los primeros meses del 2014, justo cuando acababa de publicarse el Acuerdo del
Gobierno del Estado de Puebla expedido a través de la Secretaría General de
Gobierno que determinó que “de manera
“transitoria y temporal” los Ayuntamientos se encargarán del Registro Civil,
quienes deberán recibir y resguardar los
archivos que obran en las Juntas Auxiliares; entre tanto “se determina la
modernización del proceso registral” (Diciembre, 2013) escribí para los
medios de comunicación que me hacen el favor de publicar, una colaboración que
denominé ¿Acercar el derecho a la identidad de las personas es una obligación
del Estado Poblano? (22/06/2014).
En
ella, sostuve los argumentos históricos y jurídicos para demostrar que en
México y específicamente en Puebla, el Registro Civil, es una tarea inherente
del Estado y que tanto el Estado
mexicano como el poblano, habían implementado las medidas necesarias para
proteger y garantizar este derecho, cuya intención es dar seguridad a cada
ciudadano y a la sociedad en su conjunto.
Justifiqué
entonces, el por qué fue necesario acercar este derecho a los 651 Presidentes
de las Juntas Auxiliares a quienes les fue autorizado constituirse como Jueces
del Registro Civil por Ministerio de Ley
otorgándoles “las mismas facultades
que a los jueces del Registro Civil de la capital” (1988; Decreto basado
en antecedentes de 1887,1861 y 1545). El objetivo se señala en la exposición de
motivos de ese Decreto “Que a través del contacto con la ciudadanía,
fueron recogidas diversas inquietudes y peticiones relativas a la Institución
del Registro Civil, que se traducen en la necesidad de expedir leyes ágiles,
que proporcionen la simplificación administrativa de los trámites respectivos
para beneficiar a diversos núcleos de población, en especial a aquellos con
cierto atraso cultural, manifiesta pobreza o dificultad de acceso (…)”
Ni
el sustento jurídico, ni el histórico, lograron revertir la instrucción del
todavía Gobernador del Estado de Puebla Rafael Moreno Valle; reformaron la Ley
Orgánica Municipal que restó no sólo la facultad del Registro Civil en las
Juntas Auxiliares, también, colocó a las Juntas Auxiliares como Órganos
Desconcentrados de la administración pública municipal, les redujeron las
facultades de operación y también las facultades políticas al eliminarles la
figura de regidores para considerarlos “miembros”.
Se
les olvidó en el Gobierno del Estado de Puebla, que las autoridades de las
Juntas Auxiliares son elegidos democráticamente por los habitantes de sus comunidades,
muchos basados en sus usos y costumbres; esta decisión unilateral, generó lo
que todas y todos hemos sido testigos en Puebla desde entonces: un ambiente de ingobernabilidad;
descontento, protestas, manifestaciones y marchas en desacuerdo, policías
estatales con instrucciones de contener las manifestaciones, detenciones
arbitrarias, violaciones a los derechos
humanos, heridos, balas de goma, “ley bala”, impunidad y la lamentable muerte
de un menor.
Y
hoy, que inicia una elección resulta, que el pasado 15 de marzo, se aprueba en
el Congreso del Estado una Iniciativa presentada nuevamente por el Gobernador
del Estado, -por cierto sin allegarse para el análisis de otras Iniciativas
presentadas con antelación, sobre el mismo tema violando una vez más el
Reglamento del Congreso del Estado- para que las Juntas Auxiliares “coadyuven”
con el Registro Civil, y con ello dicen que están restituyendo facultades. Absoluta
mentira.
Lo
sostengo con conocimiento de causa, desde el 2014 los Presidentes/as
municipales buscaron diversas maneras de seguir ayudando a sus habitantes vía
sus Juntas Auxiliares, para no dejar de acercarles el servicio del registro
civil, y su acceso al registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones,
sin que tuvieran que gastar en trasladarse a sus cabeceras municipales o a los
Centros Integrales de Servicios (CIS) así que desde entonces “coadyuvan”.
Lo
que si precisa la Iniciativa aprobada, es
la penalización de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, por conductas
ilegales; tampoco nada nuevo, porque en la ley en esta materia y en otras leyes
secundarias, de por sí ya están previstos procedimientos y sanciones
administrativas y de tipo penal a quienes incurran como autoridades en alguna
conducta ilegal.
De
manera que de derecho y de hecho a las 651 Juntas Auxiliares no se les está
restituyendo ninguna facultad de registro civil, y tampoco se les devuelve con
esta reforma aprobada ninguna de las facultades originales que tenían.
Incluso
y a mayor abundamiento aun cuando desde diciembre del 2013 que aprobaron quitar facultades a las Juntas Auxiliares en
la Ley Orgánica Municipal, nunca, desde entonces, tuvieron el cuidado de armonizar
el Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla que ha
seguido reconociendo en su texto a los Presidentes de las Juntas Auxiliares y a
los Presidentes Municipales como Jueces del Registro Civil por Ministerio de
Ley (Artículos 19 y 20) contradicción evidente que ha violado todos estos años
el principio de certeza jurídica.
De
manera que esto que acaban de aprobar el 15 de marzo, y que difunden como
“restitución de facultades” a los Presidentes de Juntas Auxiliares, es solo una mentira con tintes absolutamente
políticos por el año electoral.
@rgolmedo
Palabra de Mujer
Atlixco
rociogarciaolmedo.blogspot.com
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